El comité de comercio internacional del Parlamento Europeo pidió este martes un compromiso de «tolerancia cero» contra el trabajo infantil a los Estados miembros de la Unión, a los granjeros productores de alimentos y a las empresas agroalimentarias que importan este tipo de productos de países pobres.

Por boca de la presidenta del comité parlamentario de comercio internacional, la eurodiputada griega Anna-Michelle Asimakopoulou, el legislativo comunitario destacó que las ayudas financieras y los acuerdos comerciales que los 27 firmen con terceros países deben ser mecanismos que sirvan «para proteger a los niños».

Durante una audiencia sobre cómo erradicar el trabajo infantil, varios diputados debatieron acerca de esta problemática y mostraron su preocupación por el repunte del fenómeno a raíz de la pandemia de la COVID-19.

Según los datos aportados por el experto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Benjamin Smith, hoy en día hay cerca de 160 millones de niños afectados por el trabajo infantil, lo que significa el 9,6 % de toda la población mundial que tiene entre 5 y 17 años.

Smith, que también participó en el debate de la Eurocámara, lanzó «un señal de alarma» a los parlamentarios porque, según la OIT, el año 2021 cerrará con 10 millones de niños más dedicados al trabajo infantil respecto al último barómetro elaborado en 2016.

De este modo, se rompe la tendencia a la baja que había estado habiendo en las últimas décadas, un hecho que el experto de la OIT asoció a «los estragos de la pandemia», particularmente en la región del África subsahariana, que concentra casi la mitad de todos los niños explotados laboralmente en el mundo.

Smith explicó que la mayoría de estos niños trabajan en explotaciones agrícolas «familiares y de pequeño calibre», sobre todo de cacao o de café, debido a la falta de ingresos en sus hogares y a la escasa oferta de escuelas en sus comunidades.

En este sentido, la eurodiputada española de Ciudadanos Soraya Rodríguez destacó durante el debate la necesidad de actuar ante «las situaciones de pobreza y de falta de educación» para evitar que el trabajo infantil «prive a los niños de su felicidad y les robe su infancia y madurez».

Mientras, la eurodiputada socialdemócrata sueca Evin Incir puntualizó que, a su juicio, sería más apropiado hablar de «esclavitud infantil», en vez de trabajo infantil, debido al «impacto físico, emocional y social» que este fenómeno tiene sobre quienes lo sufren.

Por su parte, el eurodiputado irlandés del Partido Popular Sean Kelly instó a la Unión Europea (UE) a «hacer más» para acabar con la explotación infantil y pidió a las instituciones comunitarias que garanticen que, detrás de los productos consumidos en los 27, haya unas «cadenas de suministros libres de trabajo infantil».

La parlamentaria belga de los Verdes Saskia Bricmont también puso el acento en la cuestión económica, y apuntó hacia el proceso de «liberalización de la agricultura en África» como una de las causas que, en su opinión, reducen los ingresos de los productores agrícolas que recurren al trabajo infantil de sus hijos.

En este sentido, desde la esfera del activismo denuncian que las empresas europeas son «responsables del trabajo infantil», según explicó en declaraciones a EFE Fernando Morales-de la Cruz, el impulsor de la iniciativa Cartoons For Change (Dibujos por el Cambio), que reúne a artistas y dibujantes contra la explotación de menores.

Morales-de la Cruz pidió más contundencia a la UE con la empresas europeas que, según él, «violan leyes comunitarias explotando a niños y engañando a los consumidores diciendo que sus productos son de comercio justo», aseveró